Resumen del criterio jurisprudencial
El Ministerio Público interpuso un recurso de nulidad en contra de la sentencia absolutoria dictada por el Juez de Garantía en procedimiento simplificado, invocando la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal por estimar que se había vulnerado su derecho a un debido proceso. La Defensa solicitó se declarara inadmisible el recurso fundada en que al Ministerio Público le estaría vedado invocar la garantía del debido proceso. La Corte acogió el recurso señalando, en primer lugar, que la Constitución asegura a todos, sin distinción, el derecho a un debido proceso, no existiendo en el Código Procesal Penal u otro texto legal alguna disposición que pudiere fundar una razón jurídica para negarle la garantía constitucional invocada al Ministerio Público. En cuanto al fondo del recurso, coincidió con los argumentos del recurrente declarando que el fundamento del Juez para negar lugar a la declaración de los funcionarios aprehensores, por haber faltado el requisito de señalar los puntos sobre los cuales habrían de declarar según lo establecido en el artículo 259 inciso 2º del Código Procesal Penal, no procedía toda vez que el artículo 389 del mismo cuerpo legal establece que las normas del juicio oral sólo se aplicarán supletoriamente en la medida que se adecuen a la brevedad y simpleza del juicio simplificado, agregando, a mayor abundamiento, que el artículo 259 se refiere al contenido de la acusación, trámite procesal que en el juicio simplificado no existe. Añadió que los artículos 391, 393 y 396 regulan la prueba en este tipo de procedimiento, no siendo posible desprender de ellos que sea requisito para recibir la declaración de testigos la expresión de los puntos sobre los cuales habrá de versar su testimonio, de hecho, en este tipo de juicio no se requiere que se expresen detalladamente los medios de prueba.