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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de que académi…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2019

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de que académicos de universidades estatales representen a terceros en acciones civiles contra la Administración o actúen como apoderados en sede administrativa. El dictamen reconsideró la jurisprudencia anterior que limitaba el concepto de 'acciones civiles' a aquellas de contenido patrimonial, extendiéndolo a toda acción judicial no criminal contra organismos públicos. Se concluyó que dicha actividad es compatible con las funciones docentes de los académicos, siempre que se realice en cumplimiento de sus labores públicas, y no configura las inhabilidades previstas en las leyes N° 18.575, 18.834 y 18.883. En consecuencia, se dejaron sin efecto los dictámenes anteriores que sostenían un criterio restrictivo.

Normas citadas

  • Ley 18575 art/1 inc/2
  • Ley 18575 art/21 inc/1
  • DFL 3/2006 educa art/1
  • DFL 3/2006 educa art/7
  • DFL 2/2009 art/104 inc/2
  • DFL 3/2006 educa art/45
  • DFL 3/2006 educa art/49
  • ley 18575 art/56 inc/1
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Puede un académico de una universidad estatal representar a terceros en acciones contra la Administración del Estado?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que es compatible con las funciones docentes del académico, siempre que lo haga en cumplimiento de sus labores públicas. Además, no configura las inhabilidades previstas en las leyes N° 18.575, 18.834 y 18.883.

¿Qué se entiende por acciones civiles que un académico puede patrocinar contra organismos públicos según la Contraloría?

En este caso, la Contraloría reconsideró su jurisprudencia anterior, que limitaba el concepto a las acciones de contenido patrimonial. Ahora lo extiende a toda acción judicial no criminal contra organismos públicos.

¿Sigue vigente el criterio restrictivo de la Contraloría sobre la actuación de académicos como apoderados en sede administrativa?

En este caso, la Contraloría dejó sin efecto los dictámenes anteriores que sostenían un criterio restrictivo. Concluyó que esta actividad puede realizarse en sede administrativa en los términos ya señalados.

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