La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de una fundación…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de una fundación privada vinculada a la Universidad de Chile, en la que sus autoridades, por disposición estatutaria, son funcionarios públicos de dicha casa de estudios. Se determinó que, pese a tratarse de una entidad privada, al tener predominio estatal en su patrimonio y administración, sus autoridades deben regirse por el principio de probidad administrativa. Dado que la fundación no habría cumplido obligaciones derivadas de transacciones judiciales y una sentencia en favor de ex trabajadoras, resultó cuestionable su gestión. Por ello, se ordenó a la Universidad de Chile instruir un procedimiento disciplinario para investigar eventuales responsabilidades administrativas de sus funcionarios que ejercen cargos en la fundación, debiendo informar el inicio del proceso en un plazo de 20 días.
Normas citadas
ley 18575 art/6
dfl 3/2006 EDUCA art/1
dfl 3/2006 EDUCA art/55 lt/b
pol art/8
ley 18575 art/52
ley 18575 art/53
ley 18575 art/62 num/8
CPC art/7
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Una fundación privada vinculada a una universidad estatal debe regirse por el principio de probidad administrativa?
En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que, aunque la fundación es privada, al tener predominio estatal en su patrimonio y administración, sus autoridades deben regirse por el principio de probidad administrativa.
¿La Contraloría puede ordenar a una universidad estatal investigar a sus funcionarios que ocupan cargos en una fundación vinculada?
En este caso, la Contraloría ordenó a la Universidad de Chile instruir un procedimiento disciplinario para investigar eventuales responsabilidades administrativas de sus funcionarios que ejercen cargos en la fundación, con aviso del inicio del proceso en 20 días.
¿Incumplir obligaciones derivadas de transacciones judiciales y sentencias laborales por parte de una fundación justifica una investigación administrativa?
En este caso, la Contraloría consideró cuestionable la gestión de la fundación por no haber cumplido obligaciones derivadas de transacciones judiciales y una sentencia en favor de ex trabajadoras, lo que motivó la orden de investigar.
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