El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que regula las penas sustitutivas a la privación de libertad. La mayoría del tribunal consideró que la norma impugnada vulnera los principios de igualdad ante la ley, debido proceso y proporcionalidad de las penas, al restringir desproporcionadamente la posibilidad de aplicar penas sustitutivas e impedir al juez ponderar las circunstancias del caso concreto y optar por sanciones más idóneas para la reinserción social. Se concluyó que la exclusión total de ciertos delitos del beneficio no cumple con los fines de rehabilitación ni con la protección de las víctimas, y que la privación de libertad debe reservarse para los delitos más graves, respetando el principio de humanidad basado en la dignidad humana.
Normas citadas
artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
Ley N° 19.537
artículo 19, numeral 2, de Ley N° 19.537
artículo 19, numeral 3, de Ley N° 19.537
artículo 65, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 69, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaDeterminación de la penaIgualdad ante la LeyReinserción social
Preguntas frecuentes
¿La exclusión total de penas sustitutivas para algunos delitos cumple con los fines de rehabilitación y protección de las víctimas?
Según este fallo, no. El tribunal concluyó que esa exclusión total no cumple con los fines de rehabilitación ni con la protección de las víctimas, y que la privación de libertad debe reservarse para los delitos más graves.
¿Qué principio debe guiar la aplicación de la privación de libertad frente a las penas sustitutivas en Chile?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la privación de libertad debe reservarse para los delitos más graves, respetando el principio de humanidad basado en la dignidad humana y el de proporcionalidad de las penas.
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