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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un funcionari…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un funcionario que impugnó una amonestación grado C aplicada por el Estado Mayor Conjunto, y cuestionó que el recurso jerárquico no hubiera sido resuelto por el Comandante en Jefe de la Armada. El organismo determinó que no existieron irregularidades en el procedimiento, ya que durante su participación en una misión de paz en Haití, el afectado estuvo subordinado al Estado Mayor Conjunto, organismo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, y no a la Armada. Por tanto, la autoridad del Estado Mayor Conjunto era su superior jerárquico competente para resolver el recurso. Además, se descartó la invalidación del acto administrativo, al no constatarse error o infracción legal, y se señaló que la ponderación de los hechos y la gravedad de la sanción corresponden a la Administración activa, sin que se advirtiera vulneración al debido proceso.

Normas citadas

  • ley 20424 art/4
  • ley 20424 art/25
  • ley 20424 art/27
  • ley 20424 art/32
  • dto 1232/86 Defen art/107
  • ley 19880 art/59
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Quién debe resolver un recurso jerárquico contra una amonestación aplicada a un funcionario que estuvo destinado en una misión de paz?

En este caso, la Contraloría sostuvo que, durante la misión de paz en Haití, el funcionario estaba subordinado al Estado Mayor Conjunto y no a la Armada, por lo que esa autoridad era su superior jerárquico competente para resolver el recurso.

¿Procede invalidar una amonestación administrativa si el procedimiento sancionatorio no presentó vicios?

En este caso, la Contraloría descartó la invalidación del acto porque no constató error ni infracción legal, y señaló que la ponderación de los hechos y la gravedad de la sanción corresponden a la Administración activa.

¿Puede la Contraloría revisar la gravedad de una sanción disciplinaria aplicada por la Administración?

En este caso, la Contraloría concluyó que la valoración de los hechos y la determinación de la gravedad de la sanción son facultades de la Administración activa, y que no se advirtió vulneración del debido proceso.

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