Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de un funcionario de la Armada sancionado disciplinariamente por no respetar el conducto regular, concluyendo que la sanción se ajustó a derecho. Respecto de un abono de tiempo reconocido erróneamente para efectos de sueldo, trienios y retiro, el organismo constató que la Armada rectificó el período, por lo que el funcionario debió reintegrar la diferencia; su solicitud de condonación fue rechazada y se le otorgaron facilidades de pago. Sobre una eventual contratación, precisó que corresponde a la superioridad del servicio determinar la necesidad de nombramientos o designaciones, por lo que la institución no está obligada a contratar a quien lo solicite. Finalmente, declaró que la determinación de perjuicios reclamados es materia litigiosa ajena a su intervención, correspondiendo a los tribunales de justicia.