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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acogió las demandas presentadas por varias orga…

Sentencia · 2024

Resumen

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acogió las demandas presentadas por varias organizaciones no gubernamentales y personas naturales contra Rusia, por la aplicación de la ley que permite designar a ciertas entidades como 'indeseables'. El tribunal concluyó que dicha normativa vulnera la libertad de asociación y expresión, al no cumplir con el requisito de estar 'prescrita por ley', por ser imprevisible, arbitraria y carecer de criterios explícitos. Además, constató que no se comunica oportunamente la decisión de designación ni se da a las organizaciones la posibilidad de refutar los antecedentes antes de la prohibición automática de sus actividades. Los tribunales domésticos no realizaron un escrutinio sustantivo riguroso ni ponderaron adecuadamente los intereses en conflicto. La aplicación retrospectiva de la ley genera un efecto paralizante desproporcionado sobre los derechos fundamentales. En consecuencia, el tribunal ordenó el pago de indemnizaciones por daños materiales y morales, así como el reembolso de costas y gastos procesales.

Normas citadas

  • Artículo 10 - Convenio Europeo de Derechos Humanos (Libertad de expresión)
  • Artículo 11 - Convenio Europeo de Derechos Humanos (Libertad de asociación)
  • Artículo 34 - Convenio Europeo de Derechos Humanos
  • Artículo 44 § 2 - Convenio Europeo de Derechos Humanos
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Preguntas frecuentes

¿Los tribunales nacionales deben realizar un escrutinio sustantivo al revisar la restricción de derechos de asociación y expresión?

En este caso, el tribunal constató que los tribunales domésticos no realizaron un escrutinio sustantivo riguroso ni ponderaron adecuadamente los intereses en conflicto. Esta omisión fue considerada parte de la afectación de los derechos fundamentales.

¿Puede aplicarse retroactivamente una ley que restringe la libertad de asociación y expresión sin generar responsabilidad internacional del Estado?

En este caso, el tribunal sostuvo que la aplicación retrospectiva de la ley genera un efecto paralizante desproporcionado sobre los derechos fundamentales. Como consecuencia, ordenó indemnizaciones por daños materiales y morales, y el reembolso de costas y gastos procesales.

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