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Una corporación educacional presentó un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribun…

Informe · Diario Constitucional (fallos adjuntos a sus notas) · 2026

Resumen

Una corporación educacional presentó un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional contra el artículo 15, inciso segundo, del DFL N°2 de 1998 del Ministerio de Educación, en la parte que permite medidas judiciales sobre subvenciones escolares. El conflicto se originó en un procedimiento de cobranza laboral seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, donde se decretó el embargo de dichas subvenciones. La requirente sostuvo que aplicar esa norma al caso concreto vulnera el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución, y solicitó que se declare inaplicable el precepto, se acoja a tramitación el requerimiento y, mientras se resuelve, se suspenda el procedimiento de embargo. El documento corresponde a la presentación de la solicitud, sin que conste en el material una decisión de fondo del tribunal.

Normas citadas

  • DFL N° 2
  • Ley 19.609
  • Artículo 7 de la Ley 19.609
  • Ley 19.607
  • Ley 17.997
  • Artículo 7 de la Ley 19.607

Preguntas frecuentes

¿Se pueden embargar las subvenciones escolares en un juicio laboral?

En este caso, la corporación educacional sostuvo ante el Tribunal Constitucional que aplicar el artículo 15, inciso segundo, del DFL N°2 de 1998, que permite medidas judiciales sobre subvenciones escolares, vulnera el derecho de propiedad. El documento es la presentación de la solicitud y no consta una decisión de fondo del tribunal.

¿Qué se puede pedir al Tribunal Constitucional para evitar un embargo de subvenciones educacionales?

En este caso, la requirente solicitó que se declare inaplicable el precepto, se acoja a tramitación el requerimiento y, mientras se resuelve, se suspenda el procedimiento de embargo de las subvenciones escolares.

¿Qué derecho se invoca al impugnar medidas judiciales sobre subvenciones escolares?

En este caso, la corporación educacional sostuvo que aplicar la norma al caso concreto vulnera el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución.

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