Resumen
Una corporación educacional presentó un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional contra el artículo 15, inciso segundo, del DFL N°2 de 1998 del Ministerio de Educación, en la parte que permite medidas judiciales sobre subvenciones escolares. El conflicto se originó en un procedimiento de cobranza laboral seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, donde se decretó el embargo de dichas subvenciones. La requirente sostuvo que aplicar esa norma al caso concreto vulnera el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución, y solicitó que se declare inaplicable el precepto, se acoja a tramitación el requerimiento y, mientras se resuelve, se suspenda el procedimiento de embargo. El documento corresponde a la presentación de la solicitud, sin que conste en el material una decisión de fondo del tribunal.