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El Tribunal Constitucional fue requerido para declarar inaplicable por inconstitucional…

Informe · Diario Constitucional (fallos adjuntos a sus notas) · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional fue requerido para declarar inaplicable por inconstitucionalidad el artículo 15, inciso segundo, del DFL N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación, que permite embargar la subvención escolar. El recurrente, un sostenedor educacional, sostiene que la norma vulnera el derecho a la educación y el derecho de propiedad, al autorizar la retención de fondos públicos destinados al funcionamiento del establecimiento y al pago de remuneraciones. Solicita la suspensión del procedimiento de embargo en una causa laboral seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno. El requirente pide acoger a tramitación el requerimiento y, en definitiva, declarar la inaplicabilidad de la norma en el caso concreto, invocando la atribución del Tribunal Constitucional prevista en el artículo 93, numeral 6°, de la Constitución Política de la República.

Normas citadas

  • DFL N° 2
  • Ley 19.609
  • Artículo 7 de la ley 19.609

Preguntas frecuentes

¿Puede embargarse la subvención escolar para pagar deudas laborales de un sostenedor educacional en Chile?

Según el resumen, el artículo 15, inciso segundo, del DFL N° 2 de 1998 permite embargar la subvención escolar, y un sostenedor requirió al Tribunal Constitucional que declarara su inaplicabilidad en una causa laboral. El resumen no informa cómo resolvió el Tribunal.

¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable en un caso concreto una norma que permite embargar fondos públicos de la educación?

El resumen indica que el requirente pidió al Tribunal, con base en el artículo 93, numeral 6°, de la Constitución, declarar la inaplicabilidad del artículo 15, inciso segundo, del DFL N° 2 en el caso concreto. El texto no indica la decisión final del Tribunal.

¿Vulnera el derecho a la educación y el derecho de propiedad el embargo de la subvención escolar?

En este caso, el sostenedor sostiene que la norma vulnera el derecho a la educación y el derecho de propiedad, porque autoriza retener fondos públicos destinados al funcionamiento del establecimiento y al pago de remuneraciones. Este resumen recoge el argumento del requirente y no informa si el Tribunal lo acogió.

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