Resumen
El Tribunal Constitucional fue requerido mediante una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada por un sostenedor educacional, quien solicitó que se declare inaplicable el artículo 15, inciso segundo, del DFL N°2 de 1998 del Ministerio de Educación, norma que permite el embargo de subvenciones escolares por medidas judiciales en una causa laboral. El recurrente argumentó que dicha disposición vulnera el derecho a la educación consagrado en el artículo 19 N°10 de la Constitución. En su resolución, el Tribunal acogió la acción, declarando la inaplicabilidad de la norma en el juicio de cobranza laboral seguido ante el Juzgado de Letras de Casablanca, y ordenó la suspensión del procedimiento en dicha causa, sin perjuicio de las costas en caso de oposición de la ejecutante.