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La Contraloría General de la República acogió un reclamo contra la Municipalidad de Qui…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República acogió un reclamo contra la Municipalidad de Quilicura, concluyendo que los decretos que pusieron término a permisos de comercio no se ajustaron a derecho. Ello, porque no se acreditó fehacientemente las infracciones que los motivaron, al no constar la individualización de los inspectores ni las fechas de las fiscalizaciones. El municipio deberá regularizar la situación de las afectadas y de otros contribuyentes en igual condición, garantizando el debido proceso. Los fallos judiciales citados por el municipio no alteran esta conclusión, por tener efectos relativos.

Normas citadas

  • Ley 18695 art/5 lt/c
  • ley 18695 art/63 lt/f
  • ley 18695 art/36
  • ley 18695 art/12
  • POL art/6
  • POL art/7
  • ley 18575 art/2
  • ley 19880 art/10 inc/1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un municipio poner término a un permiso de comercio sin acreditar las infracciones que lo motivan?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que no, porque el municipio no acreditó fehacientemente las infracciones, al no constar la individualización de los inspectores ni las fechas de las fiscalizaciones. Por ello, los decretos que pusieron término a los permisos no se ajustaron a derecho.

¿Qué debe hacer un municipio cuando anula permisos de comercio de forma irregular?

En este caso, la Contraloría ordenó a la Municipalidad de Quilicura regularizar la situación de las afectadas y de otros contribuyentes en igual condición, garantizando el debido proceso. Así, el municipio debe corregir el procedimiento seguido con cada uno de ellos.

¿Los fallos judiciales favorables a un contribuyente sirven para que un municipio no tenga que regularizar otros casos similares?

En este caso, la Contraloría sostuvo que los fallos judiciales citados por el municipio no alteran su conclusión, porque tienen efectos relativos, es decir, solo vinculan a las partes de cada juicio. Por lo tanto, no eximen al municipio de regularizar la situación de otros contribuyentes.

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