Resumen
El Tribunal Constitucional fue requerido para declarar inaplicable una norma de la Ley de Arrendamientos que prohíbe conceder orden de no innovar durante la tramitación del juicio, en el contexto de una causa civil sobre terminación de contrato de arrendamiento e indemnización de perjuicios. El requirente argumentó que dicha disposición impide al tribunal de alzada ejercer su potestad cautelar y vulnera el debido proceso. Como medida cautelar, solicitó la suspensión del procedimiento ante el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Valparaíso y la Corte de Apelaciones de Valparaíso, para evitar un daño patrimonial de difícil reversión y preservar la eficacia de la eventual decisión constitucional. La solicitud fue presentada por un abogado patrocinante, quien delegó poder en otro profesional.