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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Secretaría Regional Ministe…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, por la negativa a entregar copia del expediente de saneamiento de un inmueble ubicado en la comuna de San Pedro. El organismo había invocado una causal de reserva por afectación de sus funciones, la que el Consejo desestimó por considerar que se trataba de información pública. En su parte resolutiva, ordenó la entrega de la información solicitada, con la excepción de los datos personales de terceros que indica la ley N° 19.628, como cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, teléfono y correo electrónico. Se fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir, y se exigió acreditar la entrega. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Normas citadas

  • Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoBienes Públicos

Preguntas frecuentes

¿Puede un organismo público negarse a entregar un expediente de saneamiento de un inmueble invocando que afecta sus funciones?

En este caso, el Consejo para la Transparencia desestimó la causal de reserva por afectación de funciones que había invocado el organismo, por tratarse de información pública, y ordenó su entrega.

¿Qué datos personales de terceros se deben omitir al entregar información pública por transparencia?

En este caso, el Consejo ordenó entregar la información con la excepción de los datos personales de terceros protegidos por la Ley 19.628, como cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, teléfono y correo electrónico.

¿Qué plazo tiene un organismo para cumplir una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?

En este caso, se fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, y el organismo debe acreditar la entrega. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

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