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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Secretaría Regio…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, que había negado el acceso a un expediente de saneamiento de pequeña propiedad raíz. El Consejo concluyó que se trataba de información pública y que no concurría causal de reserva, por lo que ordenó entregar a la reclamante copia del expediente. Antes de la entrega, deberán tarjarse los datos personales y sensibles de contexto, en conformidad con la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada y con la Ley de Transparencia. Se fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir, bajo apercibimiento del artículo 46 de la misma ley, y se exige acreditar la entrega efectiva. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, en un plazo de quince días corridos.

Normas citadas

  • Constitución Política de la República
  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoBienes Públicos

Preguntas frecuentes

¿Puede una persona acceder a un expediente de saneamiento de pequeña propiedad raíz que mantiene un organismo público?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y concluyó que el expediente de saneamiento era información pública y que no concurría causal de reserva, por lo que ordenó entregar copia a la reclamante.

¿Qué debe hacer un organismo público con los datos personales antes de entregar un expediente administrativo?

Según esta resolución, antes de la entrega deben tarjarse los datos personales y sensibles de contexto, conforme a la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada y a la Ley de Transparencia.

¿Qué plazo tiene un organismo para cumplir una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?

El Consejo fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y exigió acreditar la entrega efectiva. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones en quince días corridos.

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