El Consejo para la Transparencia acogió un amparo interpuesto contra la Secretaría Regi…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo interpuesto contra la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, que se había negado a entregar un expediente de regularización de un inmueble fiscal. El órgano reclamado invocó la causal de reserva por afectación de derechos de las personas, pero el Consejo estimó que se trataba de información pública y que dicha causal no se configuraba. Por ello ordenó la entrega del expediente, previo tarjado de los datos personales de contexto, como domicilio, teléfono, correo electrónico y RUN, en aplicación del principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia. Se fijó un plazo de 5 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir, bajo apercibimiento del artículo 46 de la ley, y se exigió acreditar la entrega. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, sin perjuicio de las limitaciones aplicables a los órganos de la Administración.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoBienes Públicos
Preguntas frecuentes
¿Un organismo público puede negarse a entregar un expediente de regularización de un inmueble fiscal invocando la afectación de derechos de las personas?
En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que se trataba de información pública y que la causal de reserva por afectación de derechos de las personas no se configuraba, por lo que acogió el amparo y ordenó la entrega del expediente.
¿Qué datos personales pueden tarjarse al entregar un expediente administrativo según la Ley de Transparencia?
El Consejo ordenó entregar el expediente tarjando los datos personales de contexto, como domicilio, teléfono, correo electrónico y RUN, aplicando el principio de divisibilidad de la ley.
¿Qué plazo tiene un órgano público para cumplir una decisión de amparo del Consejo para la Transparencia y qué recurso procede contra ella?
En este caso, se fijó un plazo de 5 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento del artículo 46 de la ley, y contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
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