El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba la…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba la presunción de veracidad del artículo 23, inciso segundo, del DFL N° 2 de 1967, por estimar que no vulnera la igualdad ante la ley ni la presunción de inocencia. El Tribunal razonó que dicha presunción es simplemente legal y admite prueba en contrario, y que en el derecho administrativo sancionador las garantías tienen una intensidad menor que en el penal, debido a la distinta naturaleza de las sanciones. Además, el procedimiento administrativo respectivo asegura el debido proceso, incluyendo la posibilidad de rendir prueba, controvertir la de la contraparte y recurrir ante tribunales de justicia, por lo que no genera indefensión. La presunción se limita a los hechos constatados por fiscalizadores, sin extenderse a la culpabilidad, permitiendo al juez del fondo evaluar los hechos y el derecho aplicable en un contencioso de plena jurisdicción.
Normas citadas
artículo 478, letra b), de Código del Trabajo
artículo 477, de Código del Trabajo
artículo 477, letra e), de Código del Trabajo
artículo 459, de Código del Trabajo
artículo 495, de Código del Trabajo
artículo 501, inciso final, de Código del Trabajo
artículo 2, de Decreto Ley N° 211
Ley N° 29.366
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoReinserción socialpenas sustitutivasIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaley de control de armas
Preguntas frecuentes
¿El acta de fiscalización de la Dirección del Trabajo se presume verdadera en un procedimiento sancionador?
Según este fallo del Tribunal Constitucional, la presunción de veracidad de las actas de fiscalizadores es legal y admite prueba en contrario. Se limita a los hechos constatados, sin extenderse a la culpabilidad, y no vulnera la igualdad ante la ley ni la presunción de inocencia.
¿La presunción de inocencia se aplica con la misma intensidad en el derecho administrativo sancionador que en el penal?
No, el Tribunal Constitucional sostuvo que en el derecho administrativo sancionador las garantías tienen una intensidad menor que en el penal, debido a la distinta naturaleza de las sanciones. Por eso rechazó el requerimiento que alegaba que la presunción de veracidad vulneraba dicha garantía.
¿Un procedimiento administrativo de fiscalización laboral genera indefensión si el afectado no puede rendir pruebas?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que el procedimiento asegura el debido proceso, pues permite rendir prueba, controvertir la de la contraparte y recurrir ante los tribunales de justicia. Por ello, no genera indefensión y el requerimiento fue rechazado.
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