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El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, dec…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, declarando que los artículos 4°, inciso primero, segunda frase, de la Ley N° 19.886 y 495, inciso final, del Código del Trabajo vulneran las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso (artículo 19, números 2 y 3 de la Constitución). La razón de decidir fue que la sanción de inhabilidad para contratar con el Estado por dos años se aplica de manera automática y uniforme a todo empleador condenado por prácticas antisindicales o infracción de derechos fundamentales, sin distinguir la gravedad de la conducta ni permitir al afectado demostrar el cumplimiento de la condena o reparación de daños, lo que resulta desproporcionado y arbitrario. Además, la sanción opera sin un procedimiento previo que garantice el derecho a defensa, configurando una ejecución directa sin juzgamiento. Como obiter dicta, el Tribunal reconoció que la norma busca proteger derechos fundamentales laborales, pero estimó que ello no justifica una medida tan gravosa y generalizada.

Normas citadas

  • artículo 495, inciso final, de Código del Trabajo
  • Constitución Política, artículo 1, inciso cuarto
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso primero, numeral 8
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 8
  • Constitución Política, artículo 93, inciso primero, numeral 9
Tribunal ConstitucionalINADeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La DignidadDerecho A La Integridad Fisica Y PsiquicaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad IndividualPrincipio De TipicidadTribunales De Justicia

Preguntas frecuentes

¿La inhabilidad para contratar con el Estado puede aplicarse sin un procedimiento previo que garantice el derecho a defensa?

En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que la sanción opera sin un procedimiento previo que garantice el derecho a defensa, configurando una ejecución directa sin juzgamiento. Por ello, acogió parcialmente el requerimiento y declaró que la norma vulnera el debido proceso.

¿Justifica la protección de los derechos fundamentales laborales una sanción de inhabilidad generalizada para contratar con el Estado?

En este caso, el Tribunal Constitucional reconoció que la norma busca proteger derechos fundamentales laborales, pero estimó que ese objetivo no justifica una medida tan gravosa y generalizada. Como obiter dicta, señaló que la finalidad protectora no basta para validar la sanción en los términos en que está prevista.

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