La Contraloría General de la República desestimó una solicitud de reconsideración del d…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2013
Resumen
La Contraloría General de la República desestimó una solicitud de reconsideración del dictamen N° 76.135, de 2012, que había declarado la ilegalidad de normas municipales de Villa Alemana sobre la explotación de máquinas de juego. El órgano contralor sostuvo que el principio de certeza jurídica no permite amparar textos normativos de general aplicación que infrinjan el ordenamiento, por lo que el jefe comunal debe restablecer el orden jurídico quebrantado, respetando las situaciones consolidadas de terceros de buena fe. Respecto de las multas y clausuras aplicadas por el Juzgado de Policía Local, declaró que no le corresponde pronunciarse, por tratarse de resoluciones jurisdiccionales. Recordó además que sus informes jurídicos son obligatorios y vinculantes para los municipios, y que su incumplimiento compromete la responsabilidad administrativa de los funcionarios.
Normas citadas
CCI art/3 inc/2
ley 18695 art/12 inc/2
pol art/6
pol art/7
ley 18575 art/2
ley 10336 art/6 inc/3
ley 19880 art/54 inc/3
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿La Contraloría puede mantener una norma municipal ilegal por razones de certeza jurídica?
En este caso, la Contraloría sostuvo que el principio de certeza jurídica no permite amparar textos normativos de general aplicación que infrinjan el ordenamiento, por lo que desestimó la reconsideración y confirmó la ilegalidad de las normas municipales sobre máquinas de juego en Villa Alemana.
¿Qué debe hacer un municipio cuando la Contraloría declara ilegal una de sus normas?
En este caso, el órgano contralor señaló que el jefe comunal debe restablecer el orden jurídico quebrantado, respetando las situaciones consolidadas de terceros de buena fe.
¿La Contraloría puede pronunciarse sobre multas o clausuras aplicadas por un Juzgado de Policía Local?
En este caso, la Contraloría declaró que no le corresponde pronunciarse sobre las multas y clausuras, por tratarse de resoluciones jurisdiccionales, y recordó que sus informes jurídicos son obligatorios y vinculantes para los municipios.
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