El Consejo para la Transparencia resolvió acoger un amparo interpuesto por un particula…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió acoger un amparo interpuesto por un particular en contra de la Municipalidad de Los Ángeles, por la negativa a entregar copia del registro de decretos de personal de educación emitidos por la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM). El Consejo fundó su decisión en que se trata de información de naturaleza pública, vinculada a las relaciones contractuales contenidas en los decretos solicitados, conforme a la Ley de Transparencia. En consecuencia, requirió al Alcalde entregar la información en la forma indicada, en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal, y acreditar su cumplimiento ante el Consejo. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, en el plazo de 15 días corridos.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Se puede pedir a una municipalidad copia de los decretos de personal de educación municipal según la Ley de Transparencia?
Según esta resolución, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Municipalidad de Los Ángeles por negarse a entregar el registro de decretos de personal de educación emitidos por la DAEM. Concluyó que se trata de información pública, vinculada a las relaciones contractuales contenidas en esos decretos.
¿Qué plazo tiene la municipalidad para entregar la información si el Consejo para la Transparencia acoge un amparo?
En este caso, el Consejo requirió al Alcalde entregar la información en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal. Además, debe acreditar ante el Consejo que cumplió lo ordenado.
¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que acoge un amparo?
En este caso, el resumen señala que contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos. Esto corresponde a lo indicado expresamente en el documento.
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