Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la resolución N° 159, de 2013, del Servicio Nacional del Consumidor, que designó a funcionarios a contrata. El dictamen reconsidera una observación previa, concluyendo que el pago de remuneraciones a los trabajadores por las labores efectivamente cumplidas se ajustó a derecho, incluso si los nombramientos presentaban vicios de legalidad. Lo anterior, fundado en los principios de buena fe y enriquecimiento sin causa, que impiden a la Administración beneficiarse del trabajo sin retribución. En particular, respecto de una funcionaria designada como E.G.C., se determinó que la descripción del cargo y su experiencia profesional eran suficientes. En consecuencia, se ordena tomar razón de la resolución y restituir al servicio los documentos acompañados.