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El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, dec…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, declarando inaplicable el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, pero rechazó la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798. Respecto de esta última norma, la mayoría sostuvo que el control de armas es un bien jurídico constitucionalmente legítimo para proteger la seguridad pública, y que la disposición no afecta la individualización judicial de la pena ni vulnera los principios de proporcionalidad, igualdad o dignidad personal, al permitir al juez ponderar atenuantes y agravantes dentro del marco legal. Se descartó una infracción al principio pro homine, pues la norma no impide un procedimiento racional y justo.

Normas citadas

  • artículo 117, de Código de Procedimiento Penal
  • artículo 120, de Código de Procedimiento Penal
  • artículo 193, de Código de Procedimiento Penal
  • artículo 205, de Código de Procedimiento Penal
  • artículo 318, de Código de Procedimiento Penal
  • artículo 330, inciso 1, de Código de Procedimiento Penal
  • Constitución Política, artículo 1, inciso cuarto
  • Constitución Política, artículo 6, inciso tercero
Tribunal ConstitucionalINADeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La DignidadJusticia ElectoralTribunales De Justicia

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional la norma que sanciona la tenencia de armas sin autorización para proteger la seguridad pública?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el control de armas es un bien jurídico constitucionalmente legítimo para proteger la seguridad pública, por lo que rechazó la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798.

¿La sanción por tenencia de armas vulnera la individualización judicial de la pena o el principio de proporcionalidad?

En este caso, el Tribunal sostuvo que la norma no afecta la individualización judicial de la pena ni vulnera la proporcionalidad, porque permite al juez ponderar atenuantes y agravantes dentro del marco legal.

¿Puede una norma penal restrictiva de armas infringir el principio pro homine o la dignidad personal?

En este caso, el Tribunal descartó una infracción al principio pro homine y a la dignidad personal, pues la norma no impide un procedimiento racional y justo. El requerimiento se acogió solo respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216.

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