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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por un…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por una recurrente en contra del Ministerio Público por denegación de acceso a información pública. La solicitante requirió bases de licitación y resoluciones del proyecto 'Red de Gestión Penal' al amparo de la Ley N°20.285, pero el Ministerio Público negó la entrega argumentando que los documentos se vinculaban a una investigación penal vigente en etapa investigativa. La Corte estimó que la negativa se ajustaba a la legalidad, pues el Ministerio Público, en su calidad de ente persecutor, puede restringir el acceso a información cuando ello afecte investigaciones penales en curso, ya que develar sus estrategias podría frustrar el esclarecimiento de delitos. En consecuencia, se rechazó el reclamo sin costas.

Normas citadas

  • Ley N°20.285 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública)
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Preguntas frecuentes

¿Puede el Ministerio Público negar el acceso a información pública si los documentos se relacionan con una investigación penal vigente?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que la negativa del Ministerio Público fue legal, porque al ser ente persecutor puede restringir el acceso cuando afecte investigaciones penales en curso, ya que revelar sus estrategias podría frustrar el esclarecimiento de delitos.

¿Cuándo procede rechazar un reclamo de ilegalidad por denegación de acceso a información pública según la Ley de Transparencia?

En este caso, se rechazó el reclamo de ilegalidad presentado contra el Ministerio Público porque se consideró que la denegación de entrega de bases de licitación y resoluciones del proyecto se ajustaba a la legalidad, sin imponer costas.

¿Afecta una investigación penal en etapa investigativa la entrega de información sobre licitaciones de proyectos del Ministerio Público?

En este caso, la Corte sostuvo que los documentos sobre el proyecto 'Red de Gestión Penal' se vinculaban a una investigación penal vigente, por lo que su entrega podía afectar el esclarecimiento de delitos y la negativa fue considerada ajustada a derecho.

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