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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad presentado contra…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad presentado contra el Ministerio Público por denegar el acceso a información sobre una licitación privada. El tribunal consideró que la negativa se ajusta a la ley, ya que los documentos solicitados están vinculados a una investigación penal vigente. Se argumentó que, más allá del principio de objetividad, el Ministerio Público actúa como ente persecutor en el proceso penal, y revelar sus estrategias podría frustrar la investigación y el esclarecimiento de delitos. La decisión denegatoria satisface el control de racionalidad exigido por el artículo 8° inciso 2° de la Constitución, por lo que no puede ser tachada de ilegal. El reclamo fue rechazado sin costas.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 20.050
  • Código Procesal Penal
  • Artículo 21 de la Ley N° 20.285
  • Artículo 182 del Código Procesal Penal
Acceso a la Información PúblicaLey N° 20.285Reserva de InformaciónInvestigación PenalControl de Legalidad

Preguntas frecuentes

¿Puede el Ministerio Público negar el acceso a información sobre una licitación si está vinculada a una investigación penal vigente?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que sí, porque los documentos solicitados estaban ligados a una investigación penal vigente y revelarlos podría frustrar el esclarecimiento de delitos. Por eso rechazó el reclamo de ilegalidad.

¿Cuándo una denegación de acceso a información pública del Ministerio Público puede considerarse ilegal?

En este caso, el tribunal concluyó que la negativa cumplía el control de racionalidad exigido por el artículo 8° inciso 2° de la Constitución, por lo que no podía tacharse de ilegal. El reclamo fue rechazado sin costas.

¿Debe el Ministerio Público cumplir el principio de objetividad al entregar información sobre sus procesos de licitación?

En este caso, la Corte de Apelaciones sostuvo que, más allá del principio de objetividad, el Ministerio Público actúa como ente persecutor en el proceso penal. Esa calidad justificó la reserva de sus estrategias investigativas frente a la solicitud.

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