Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema acoge el recurso de queja deducido por la abogada Montserrat Rodríguez Ferrer en contra de los jueces de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, quienes habían rechazado su reclamación de ilegalidad contra el Ministerio Público. La quejosa solicitó acceso a información sobre bases de licitación privada y resoluciones de contratación directa relacionadas con el proyecto 'Red de Gestión Penal'. El Ministerio Público había negado el acceso alegando que la información era reservada por existir una investigación criminal en curso. La Corte Suprema ordena al Ministerio Público entregar la información solicitada, estimando que la alegada reserva no es procedente en este caso. La sentencia revoca la decisión de la Corte de Apelaciones y acoge la pretensión de la recurrente.