Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de dos servidores públicos sancionados con destitución por el Servicio Nacional de Geología y Minería, mediante resolución exenta de 2009, quienes sostenían que la medida era desproporcionada y se basaba en hechos no acreditados. El órgano contralor recordó que la ponderación de los hechos y la determinación de la responsabilidad administrativa corresponden, en primer término, a la Administración activa, y que solo puede objetar la decisión si existe infracción al debido proceso, a la normativa aplicable o una decisión arbitraria. Tras revisar el expediente, concluyó que no se configuraban esas hipótesis ni que la destitución fuera desproporcionada respecto de las irregularidades en adquisiciones y contrataciones acreditadas, por lo que desestimó el reclamo en esa parte. Además, precisó que la facultad para ordenar la reapertura del procedimiento disciplinario corresponde a la autoridad sancionadora, por lo que los interesados debían dirigirse a la superioridad del Servicio si deseaban que se revisara el mérito de la decisión.