La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de un ex funcio…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2010
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de un ex funcionario destituido tras un sumario administrativo por la fuga de internos desde un recinto penitenciario y su actitud durante la sustanciación del proceso. El órgano desestimó la alegación de desproporción de la medida, considerando la regularidad de la tramitación y que no se presentaron nuevos antecedentes que justificaran una decisión distinta. Asimismo, rechazó el reclamo de imprecisión de los cargos, pues se le imputó negligencia en sus funciones de centinela y haber mentido al fiscal, lo que satisface el criterio jurisprudencial de imputaciones concretas y precisas y el incumplimiento del artículo 61, letra b), de la ley N° 18.834. Finalmente, recordó que la facultad para ordenar la reapertura de un sumario corresponde a la autoridad sancionadora, quien debe calificar si existen hechos nuevos capaces de alterar lo resuelto.
Normas citadas
ley 18834 art/140
ley 18834 art/141
ley 18834 art/61 lt/b dfl 29/2004 hacie
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Procede anular una destitución por desproporción si el sumario se tramitó regularmente y no hay nuevos antecedentes?
En este caso, la Contraloría General de la República desestimó la alegación de desproporción, considerando que la tramitación fue regular y que no se presentaron nuevos antecedentes que justificaran una decisión distinta.
¿Es imprecisa una formulación de cargos en un sumario administrativo si se imputa negligencia en las funciones de centinela?
En este caso, la Contraloría rechazó el reclamo de imprecisión porque se imputó negligencia como centinela y haber mentido al fiscal, lo que cumple el criterio de imputaciones concretas y precisas y el artículo 61, letra b), de la ley N° 18.834.
¿Quién puede ordenar la reapertura de un sumario administrativo ya resuelto?
En este caso, la Contraloría recordó que la facultad de ordenar la reapertura corresponde a la autoridad sancionadora, quien debe calificar si existen hechos nuevos capaces de alterar lo resuelto.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2010
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