Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre reproches formulados contra el alcalde de la Municipalidad de Peñalolén. El órgano concluyó que no tiene, en general, atribuciones para establecer ni hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los ediles, pues ninguna autoridad tiene potestad para aplicarles las medidas disciplinarias de la Ley N° 18.883. Determinar si las actuaciones reprochadas constituyen contravención al principio de probidad o notable abandono de deberes corresponde al tribunal electoral regional, que puede declarar la causal de cese en el cargo a requerimiento de al menos un tercio de los concejales en ejercicio, conforme a la Ley N° 18.695. Ello no impide que la Contraloría fiscalice hechos que contravengan normas aplicables a los órganos bajo su control, limitándose a señalar irregularidades, requerir información y ordenar las acciones pertinentes. Respecto de la supuesta prevaricación, se precisó que calificar si los hechos constituyen delito es materia del Ministerio Público, por lo que el órgano no se pronunció al respecto.