El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resolviendo una cuestión prejudicial plant…
Sentencia · 2024
Resumen
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resolviendo una cuestión prejudicial planteada por un tribunal alemán, interpretó el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 sobre competencia judicial en materia civil y mercantil. El caso se originó por una demanda de un consumidor contra una organizadora de viajes por daños derivados de falta de información sobre requisitos de entrada a un tercer Estado. El Tribunal determinó que dicho artículo otorga competencia tanto internacional como territorial al tribunal del Estado miembro donde está domiciliado el consumidor, incluso cuando ambas partes tienen domicilio en el mismo Estado miembro y el destino del viaje está en el extranjero, facilitando así el acceso a la justicia del consumidor.
Normas citadas
Artículo 267 TFUE
Artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012
Considerandos 3, 4, 15, 18 y 26 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012
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Preguntas frecuentes
¿Puede un consumidor demandar a una organizadora de viajes ante los tribunales de su propio domicilio según el Reglamento 1215/2012?
Sí. En este caso, el TJUE interpretó el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 y sostuvo que otorga competencia internacional y territorial al tribunal del Estado miembro donde está domiciliado el consumidor, aunque ambas partes tengan domicilio en el mismo Estado.
¿Se aplica la competencia protectora del consumidor si el destino del viaje está en un tercer Estado?
Sí. Según el fallo, la regla del artículo 18 sigue aplicándose aunque el destino del viaje esté en el extranjero, pues el objetivo es facilitar el acceso a la justicia del consumidor en el caso de una demanda por falta de información sobre requisitos de entrada.
¿Qué criterio fija el TJUE para la competencia en demandas de consumidores contra empresas de turismo?
En este caso, el Tribunal determinó que la competencia recae en el tribunal del domicilio del consumidor, con el fin de facilitar su acceso a la justicia, incluso cuando ambas partes están domiciliadas en el mismo Estado miembro.
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