Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la negativa del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) a cumplir resoluciones de la Superintendencia de Salud sobre atenciones de urgencia con riesgo vital, lo que mantenía a los beneficiarios en incertidumbre y expuestos a demandas de los prestadores de salud por el cobro de documentos de garantía. El organismo remitió su dictamen N° 73.390, de 2011, que concluyó que la Superintendencia tiene atribuciones para resolver reclamaciones de beneficiarios por situaciones de urgencia o emergencia con riesgo vital o riesgo funcional grave, las que deben tramitarse desde entonces por el procedimiento arbitral del artículo 117 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud. Además, precisó que, cuando la Superintendencia ordena a Fonasa pagar directamente al prestador estas atenciones por un período determinado, Fonasa debe cumplir esa determinación, sin perjuicio de su facultad de repetir en los términos y valores que la ley señala.