La Contraloría General de la República confirmó el dictamen N° 94.485 de 2014, establec…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República confirmó el dictamen N° 94.485 de 2014, estableciendo que el Ministerio de Defensa Nacional es el órgano responsable de coordinar y ejecutar la consulta indígena en los procedimientos de creación, modificación o desafectación de áreas apropiadas para la acuicultura. Se desestimó la petición de aclaración de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que pretendía distinguir entre los organismos que promueven dichas áreas para definir quién debe realizar la consulta. El ente contralor señaló que el acto terminal o decisorio corresponde al decreto supremo del Ministerio de Defensa, y que los actos de mero trámite se entienden comprendidos en la consulta del acto terminal, conforme al artículo 7° del reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena, evitando así dilaciones excesivas contrarias a los principios de celeridad y economía procedimental de la ley N° 19.880.
¿Qué organismo debe coordinar y ejecutar la consulta indígena en la creación o modificación de áreas apropiadas para la acuicultura?
En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que el Ministerio de Defensa Nacional es el órgano responsable de coordinar y ejecutar la consulta indígena en esos procedimientos, desestimando la petición de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de distinguir entre organismos promotores.
¿Los actos de mero trámite requieren una consulta indígena separada en los procedimientos de áreas apropiadas para la acuicultura?
En este caso, la Contraloría señaló que los actos de mero trámite se entienden comprendidos en la consulta del acto terminal, que corresponde al decreto supremo del Ministerio de Defensa, conforme al artículo 7° del reglamento de consulta indígena.
¿Por qué no procede exigir consultas distintas según el organismo que promueve un área de acuicultura?
En este caso, el ente contralor fundó su decisión en evitar dilaciones excesivas contrarias a los principios de celeridad y economía procedimental de la ley N° 19.880, concentrando la consulta en el acto terminal.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
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