La Contraloría General de la República se pronunció sobre una denuncia relativa a la au…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una denuncia relativa a la autorización de un proyecto de manejo y explotación de recursos bentónicos en un área de manejo, determinando que dicha autorización constituye un acto trámite no susceptible de consulta indígena. Además, desestimó otras denuncias relacionadas con la solicitud de un E.C.M.P.O. (ECMPO) presentada por una asociación de comunidades indígenas, la cual fue denegada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura por no acompañar las coordenadas geográficas requeridas según el instructivo SHOA N° 3.104. El órgano contralor concluyó que no se aprecia irregularidad en el actuar de la Subsecretaría, ya que el procedimiento se ajustó a la normativa aplicable, respaldado además por jurisprudencia judicial que confirmó la legalidad de la decisión.
Normas citadas
ley 18892 art/55A
ley 18892 art/48 inc/1
ley 18892 art/55B
dto 236/2008 RELAC art/6 num/1 lt/a
dto 236/2008 RELAC art/6 num/1 lt/b
dto 66/2013 MIDES art/7 inc/3
dto 66/2013 MIDES art/7 inc/5
dto 66/2013 MIDES art/11 inc/1
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿La autorización de un proyecto de manejo de recursos bentónicos en un área de manejo debe someterse a consulta indígena?
En este caso, la Contraloría General de la República determinó que la autorización del proyecto de manejo y explotación de recursos bentónicos constituye un acto trámite y no es susceptible de consulta indígena.
¿Procede rechazar una solicitud de ECMPO si no se acompañan las coordenadas geográficas exigidas?
En este caso, la Contraloría sostuvo que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura actuó conforme a la normativa al denegar la solicitud de ECMPO por no acompañar las coordenadas geográficas requeridas según el instructivo SHOA N° 3.104.
¿Es irregular la denegación de un ECMPO respaldada por jurisprudencia judicial?
En este caso, la Contraloría no apreció irregularidad en el actuar de la Subsecretaría, porque el procedimiento se ajustó a la normativa aplicable y la legalidad de la decisión fue confirmada por jurisprudencia judicial.
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