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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de desarrollar…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de desarrollar actividades de acuicultura en reservas nacionales o forestales, concluyendo que es posible en la medida que resulte compatible con los objetivos ambientales de protección de dichas áreas. Para ello, se requiere una concesión de acuicultura otorgada por el Ministerio de Defensa Nacional, previa evaluación ambiental si el proyecto lo amerita, debiendo ingresar al S.E.I.A. mediante un estudio de impacto ambiental cuando sea susceptible de afectar el área protegida. La autoridad ambiental determinará la concurrencia de dichos efectos, y corresponde a la CONAF organizar su infraestructura y personal para la administración de las áreas protegidas.

Normas citadas

  • ley 18892 art/158 inc/1
  • ley 18892 art/158 inc/2
  • ley 18892 art/67
  • ley 19300 art/10 lt/n
  • dto 40/2012 MINMA art/3 lt/n
  • dto 40/2012 MINMA art/3 lt/p
  • ley 19300 art/10 lt/p
  • dto 40/2012 MINMA art/8
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Se puede desarrollar acuicultura en una reserva nacional o forestal en Chile?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que sí es posible, siempre que la actividad resulte compatible con los objetivos ambientales de protección de la reserva.

¿Qué autorizaciones y evaluaciones se necesitan para acuicultura en una reserva nacional o forestal?

En este caso, se requiere una concesión de acuicultura otorgada por el Ministerio de Defensa Nacional y, si el proyecto lo amerita, una evaluación ambiental previa. Si puede afectar el área protegida, debe ingresar al S.E.I.A. mediante un estudio de impacto ambiental.

¿Quién determina si un proyecto de acuicultura afecta una reserva nacional o forestal?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la autoridad ambiental es la que determina si concurren efectos que afecten el área protegida. Además, corresponde a la CONAF organizar su infraestructura y personal para administrar las áreas protegidas.

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