La Contraloría General de la República se pronunció sobre la actuación del Servicio Nac…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2020
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la actuación del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), que aprobó parcialmente un plan de manejo para una agrupación de concesiones acuícolas y dispuso que los descansos acordados por los titulares no suspendieran el plazo de caducidad del artículo 142, letra e), de la Ley General de Pesca y Acuicultura. El organismo concluyó que dicha causal exige que la inactividad sea consecuencia de un descanso impuesto por la autoridad, no de uno voluntario o atribuible a los concesionarios, por lo que la resolución se ajusta a derecho y a los pronunciamientos previos que vinculan al servicio. Asimismo, estimó que la resolución fundó adecuadamente el cambio de criterio, conforme al principio de confianza legítima, y que la nueva interpretación rige solo para las paralizaciones posteriores al oficio de 5 de octubre de 2018. En consecuencia, rechazó la reconsideración del criterio y no advirtió irregularidades en la actuación del servicio.
Normas citadas
ley 18892 art/142 lt/e
ley 18892 art/2 num/12
ley 18892 art/67
ley 18892 art/69
ley 18892 art/69 bis inc/2
ley 18892 art/84
ley 10336 art/9
ley 10336 art/19
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Los descansos acordados voluntariamente por los concesionarios suspenden el plazo de caducidad de la concesión acuícola por inactividad?
En este caso, la Contraloría sostuvo que la causal del artículo 142, letra e), de la Ley General de Pesca y Acuicultura exige que la inactividad sea consecuencia de un descanso impuesto por la autoridad, no de uno voluntario o atribuible a los concesionarios. Por eso, los descansos acordados por los titulares no suspenden el plazo de caducidad.
¿Puede la Superintendencia o el servicio cambiar su interpretación sobre la caducidad de concesiones acuícolas sin vulnerar la confianza legítima?
En este caso, la Contraloría estimó que la resolución fundó adecuadamente el cambio de criterio, conforme al principio de confianza legítima. Además, la nueva interpretación rige solo para las paralizaciones posteriores al oficio de 5 de octubre de 2018, por lo que no se advirtieron irregularidades.
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