La Contraloría General de la República determinó que el Ministerio de Defensa Nacional…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República determinó que el Ministerio de Defensa Nacional es el órgano responsable de coordinar y ejecutar la consulta indígena en el proceso de microzonificación del uso del borde costero de la región de Aysén. Ello, por ser el decreto supremo que aprueba dicha microzonificación el acto administrativo terminal que puede afectar a comunidades indígenas. La consulta debe realizarse de forma previa a la dictación del decreto, con la debida antelación y garantizando la participación efectiva del pueblo indígena. Se recomendó que la consulta se lleve a cabo antes de que la Comisión Regional de Uso del Borde Costero envíe su propuesta a la Comisión Nacional, instancia en la que se representan los intereses sectoriales de la región.
Normas citadas
Ley 18892 art/2 num/57
Ley 18892 art/67 inc/11
DTO 66/2013 Mides art/7 inc/3
DTO 66/2013 Mides art/7 inc/5
DTO 66/2013 Mides art/11 inc/1
DTO 66/2013 Mides art/12
DTO 66/2013 Mides art/13 inc/1
DTO 66/2013 Mides art/13 inc/2
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Qué órgano debe coordinar y ejecutar la consulta indígena en la microzonificación del uso del borde costero?
En este caso, la Contraloría General de la República determinó que el Ministerio de Defensa Nacional es el órgano responsable de coordinar y ejecutar la consulta indígena en el proceso de microzonificación del borde costero de la región de Aysén.
¿Cuándo debe realizarse la consulta indígena en un proceso de microzonificación del borde costero?
La Contraloría sostuvo que la consulta debe hacerse antes dictar el decreto supremo que aprueba la microzonificación, con la debida antelación y garantizando la participación efectiva del pueblo indígena. Recomendó realizarla antes de que la Comisión Regional envíe su propuesta a la Comisión Nacional.
¿Por qué el decreto supremo que aprueba la microzonificación obliga a consultar a los pueblos indígenas?
En este caso, la Contraloría consideró que el decreto supremo es el acto administrativo terminal que puede afectar a comunidades indígenas, por lo que su dictación exige previamente la consulta indígena.
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