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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un instituto…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un instituto psiquiátrico público respecto del pago del bono postlaboral de la ley N° 20.305 y el incentivo al retiro de la ley N° 20.612. Conforme al artículo primero transitorio de la ley N° 20.612, ambos beneficios deben solicitarse de manera conjunta, en una misma oportunidad. Sin embargo, en este caso, el organismo entregó información errónea a los servidores, lo que provocó que no postularan simultáneamente y que se rechazara el bono. Por ello, y considerando el derecho de los administrados a recibir información veraz, se ordenó al instituto reenviar las resoluciones objetadas a la Tesorería General de la República para que proceda al pago, regularizando la situación de los afectados. Además, se instruyó iniciar un proceso disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.

Normas citadas

  • ley 20612 art/primero tran
  • ley 20612 art/1
  • ley 19880 art/17 lt/h
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Se pueden pedir juntos el bono postlaboral de la ley 20.305 y el incentivo al retiro de la ley 20.612?

Según el dictamen de la Contraloría, el artículo primero transitorio de la ley 20.612 exige que ambos beneficios se soliciten de manera conjunta, en una misma oportunidad.

¿Qué ocurre si un organismo público entrega información errónea a los funcionarios sobre cómo postular a un beneficio?

En este caso, la Contraloría consideró que la información errónea entregada por el instituto provocó que los servidores no postularan simultáneamente, por lo que ordenó reenviar las resoluciones a la Tesorería para regularizar el pago.

¿Puede la Contraloría ordenar el pago de un beneficio rechazado por una postulación fuera de plazo o incompleta a causa de un error del organismo?

La Contraloría ordenó al instituto reenviar las resoluciones objetadas a la Tesorería General para que proceda al pago, considerando el derecho de los administrados a recibir información veraz, e instruyó un proceso disciplinario contra los funcionarios involucrados.

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