Constitucional AIIniciar sesión
Inicio›Jurisprudencia›Derecho administrativo
AdministrativoRechaza

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por u…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por una municipalidad contra una multa de 51 UTM impuesta por la Superintendencia de Educación por no aplicar el protocolo del reglamento interno escolar. El tribunal analizó el alcance del artículo 46 letra f) del DFL N° 2 de 2009 y los principios del derecho administrativo sancionador, y concluyó que el deber de los establecimientos no se agota en contar con un reglamento interno o protocolos, sino que incluye velar por su íntegra aplicación, conforme a lo resuelto por la Corte Suprema. Al constatarse que no existían antecedentes que acreditaran la activación del protocolo frente a maltratos o violencia, la sanción se ajustó a derecho. Asimismo, se estimó que la resolución administrativa cumplió con los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, al hacerse cargo fundadamente de las probanzas presentadas por la sostenedora, por lo que el reclamo fue rechazado sin costas.

Normas citadas

  • Ley 20.529
  • Resolución Exenta N° 2023
  • Ley 19.880
  • Artículo 73 de la Ley 20.529
  • Ley N° 20.370
  • DFL N° 2
  • Artículo 85 de la Ley 20.529
  • Resolución Exenta N° 00179
reclamo de ilegalidadLey 20.529Superintendencia de Educaciónprotocolo de actuaciónreglamento internoderecho administrativo sancionadortipicidadfundamentación de actos administrativos

Preguntas frecuentes

¿Basta con tener un reglamento interno escolar para cumplir con la normativa educacional?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Concepción sostuvo que el deber de los establecimientos no se agota en contar con un reglamento interno o protocolos, sino que incluye velar por su íntegra aplicación, conforme a lo resuelto por la Corte Suprema.

¿Se puede sancionar a un sostenedor si no se acredita la activación del protocolo ante maltratos o violencia?

En este caso, el tribunal concluyó que al no existir antecedentes que acreditaran la activación del protocolo frente a maltratos o violencia, la sanción impuesta por la Superintendencia de Educación se ajustó a derecho.

¿Qué exige la Ley 19.880 a una resolución administrativa sancionatoria respecto de las probanzas del sostenedor?

En este caso, la Corte estimó que la resolución administrativa cumplió con los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880 al hacerse cargo fundadamente de las probanzas presentadas por la sostenedora, por lo que rechazó el reclamo.

Más jurisprudencia de derecho administrativo de 2025 →

Lee el documento completo

Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.

Ver el documento completoYa tengo cuenta

La IA lo lee completo y te responde citando el fallo y la jurisprudencia relacionada.

Te pedimos crear una cuenta gratis para responderte.

Jurisprudencia relacionada

  • La Superintendencia de Educación sancionó a la Municipalidad de San Pedro de la Paz con…

    Sentencia · Corte Suprema · 2025

  • La Corte de Apelaciones de Concepción conoció un reclamo de ilegalidad interpuesto por…

    Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

  • La Corte de Apelaciones rechazó un reclamo de ilegalidad presentado por un sostenedor e…

    Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

  • La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación presentado por la…

    Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

  • La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina reclamó ante la Corte de Apelac…

    Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026

Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona

Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.