La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por u…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por una municipalidad contra una multa de 51 UTM impuesta por la Superintendencia de Educación por no aplicar el protocolo del reglamento interno escolar. El tribunal analizó el alcance del artículo 46 letra f) del DFL N° 2 de 2009 y los principios del derecho administrativo sancionador, y concluyó que el deber de los establecimientos no se agota en contar con un reglamento interno o protocolos, sino que incluye velar por su íntegra aplicación, conforme a lo resuelto por la Corte Suprema. Al constatarse que no existían antecedentes que acreditaran la activación del protocolo frente a maltratos o violencia, la sanción se ajustó a derecho. Asimismo, se estimó que la resolución administrativa cumplió con los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, al hacerse cargo fundadamente de las probanzas presentadas por la sostenedora, por lo que el reclamo fue rechazado sin costas.
Normas citadas
Ley 20.529
Resolución Exenta N° 2023
Ley 19.880
Artículo 73 de la Ley 20.529
Ley N° 20.370
DFL N° 2
Artículo 85 de la Ley 20.529
Resolución Exenta N° 00179
reclamo de ilegalidadLey 20.529Superintendencia de Educaciónprotocolo de actuaciónreglamento internoderecho administrativo sancionadortipicidadfundamentación de actos administrativos
Preguntas frecuentes
¿Basta con tener un reglamento interno escolar para cumplir con la normativa educacional?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Concepción sostuvo que el deber de los establecimientos no se agota en contar con un reglamento interno o protocolos, sino que incluye velar por su íntegra aplicación, conforme a lo resuelto por la Corte Suprema.
¿Se puede sancionar a un sostenedor si no se acredita la activación del protocolo ante maltratos o violencia?
En este caso, el tribunal concluyó que al no existir antecedentes que acreditaran la activación del protocolo frente a maltratos o violencia, la sanción impuesta por la Superintendencia de Educación se ajustó a derecho.
¿Qué exige la Ley 19.880 a una resolución administrativa sancionatoria respecto de las probanzas del sostenedor?
En este caso, la Corte estimó que la resolución administrativa cumplió con los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880 al hacerse cargo fundadamente de las probanzas presentadas por la sostenedora, por lo que rechazó el reclamo.
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