Resumen
La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo del demandante, interpuesto en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó el fallo de primera instancia que rechazó su demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio por actuaciones del Ministerio Público, que califica de injustificadamente erróneas y arbitrarias, las que –señala– le significaron haber sido sometido a prisión preventiva con incomunicación y haber sido formalizado por delitos de malversación y cohecho, siendo en definitiva absuelto del primero de ellos y condenado por el segundo. Indica la sentencia que si bien los jueces del grado establecieron que la fiscal se excedió de sus atribuciones, al reunirse con familiares del demandante instándolos a que éste cambiara de abogado y condicionando un eventual desistimiento de la audiencia de reformalización a esa circunstancia, cuestión que motivó un reproche administrativo de parte de su jefatura, estableció también que no se acreditó que el demandante hubiere sufrido por dicho actuar los daños que denuncia, hechos que en definitiva resultan inamovibles para la Corte. Agrega la sentencia que no habiéndose probado el daño, falta uno de los presupuestos para la configuración de la relación de causalidad, por lo que no cabe hacer lugar al recurso interpuesto.