Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Superintendencia de Pensiones, ordenando la entrega de los antecedentes de ingreso y las liquidaciones de sueldo, desde 2016, de los funcionarios públicos individualizados en la solicitud. El Consejo fundó su decisión en que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, obligación de rango constitucional, y desestimó la causal de reserva por afectación de derechos de las personas invocada por los terceros interesados. Asimismo, dispuso que, conforme al principio de divisibilidad y a la Ley sobre Protección de la Vida Privada, deben tarjarse los datos personales de contexto y sensibles, incluida la información sobre la administradora de fondos de pensiones, el sistema de salud y los descuentos personales de los funcionarios. Se ordenó cumplir en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, acreditando la entrega, y se indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente.