Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la Resolución de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que autorizaba el trato directo y aprobaba un convenio de prestaciones de salud con una corporación privada. El organismo representó el acto por no ajustarse a derecho: los anexos del convenio no estaban firmados, no se acompañaron el oficio ministerial de autorización ni los informes favorables de los servicios de salud, faltaban la boleta de garantía de fiel cumplimiento y la escritura que acreditaba la personería del representante, no se indicaba la imputación del gasto ni la autorización presupuestaria, y no se acreditó la ausencia de inhabilidades ni los medios para verificar el pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales. Lo anterior infringe, entre otras normas, la Constitución, la Ley de Organización de la Contraloría, la Ley de Compras Públicas y su reglamento.