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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado en contra de la Municipali…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado en contra de la Municipalidad de Rancagua, ordenando a dicho órgano entregar copia de contratos a honorarios, decretos aprobatorios e informes relativos a la persona individualizada en el requerimiento, previa tarjado de los datos personales de contexto. Se consideró que se trata de información pública a la que no se podía acceder en la forma señalada por el municipio. La decisión ordena la entrega efectiva bajo apercibimiento de las sanciones previstas en la Ley de Transparencia, incluyendo multas y suspensión del cargo para la autoridad que persista en el incumplimiento. Contra esta resolución procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo legal.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 19.628
  • Oficio N° 7592
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Son públicos los contratos a honorarios y decretos de una municipalidad, y deben entregarse aunque contengan datos de la persona contratada?

En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que se trata de información pública y acogió el amparo, ordenando a la Municipalidad de Rancagua entregar contratos a honorarios, decretos aprobatorios e informes, previo tarjado de los datos personales de contexto.

¿Qué sanciones puede enfrentar un órgano público que no entrega información pedida por Ley de Transparencia tras un amparo?

En este caso, el Consejo ordenó la entrega efectiva bajo apercibimiento de las sanciones de la Ley de Transparencia, que incluyen multas y la suspensión del cargo para la autoridad que persista en el incumplimiento.

¿Cómo se puede impugnar una resolución del Consejo para la Transparencia que acoge un amparo?

En este caso, el Consejo indicó que procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo legal.

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