La Corte Suprema rechazó el recurso de protección deducido por una empresa de revisione…
Sentencia · Corte Suprema · 2017
Resumen
La Corte Suprema rechazó el recurso de protección deducido por una empresa de revisiones técnicas en contra del Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones del Maule, revocando la sentencia de primera instancia que lo había acogido. La empresa había sido sancionada con censura por faltar a su obligación de supervigilancia respecto de empleados que implementaron un sistema de propina voluntaria, y alegaba que la conducta no estaba tipificada como infracción. El máximo tribunal estableció que para acoger un recurso de protección debe constatarse un derecho preexistente e indiscutido, condición que no se verificó en el caso. Además, concluyó que el actuar de la autoridad se encontraba conforme a derecho y cumplió rigurosamente con las disposiciones reglamentarias aplicables, por lo que no existió un acto arbitrario o ilegal que reparar.
Normas citadas
Ley N° 18.290
Decreto Supremo N° 156 de 1990
Artículo 21 b del Decreto Supremo N° 156 de 1990
Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República
Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección
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Preguntas frecuentes
¿Cuándo se puede acoger un recurso de protección en contra de un acto de la Administración del Estado?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que para acoger un recurso de protección debe constatarse un derecho preexistente e indiscutido. Como esa condición no se verificó, no existió un acto arbitrario o ilegal que reparar.
¿Es sancionable una empresa de revisiones técnicas si sus empleados implementan un sistema de propina voluntaria?
En este caso, la Corte Suprema estimó que la autoridad aplicó la censura conforme a derecho, por la falta de supervigilancia de la empresa sobre sus empleados. La empresa alegaba que la conducta no estaba tipificada como infracción, pero el tribunal no acogió ese argumento.
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