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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la competencia de la Direcció…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2008

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la competencia de la Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas en materia de obras fluviales. Dictaminó que el artículo 172 del Código de Aguas faculta a la Dirección General de Aguas para encomendar a terceros la ejecución de obras por cuenta del infractor, pero solo dentro del procedimiento establecido, donde primero es el infractor quien debe adoptar las medidas. Respecto al oficio del Departamento de Obras Fluviales que solicitaba al municipio exigir medidas de conservación, concluyó que no resulta procedente, pues tales exigencias deben ser establecidas por la autoridad que aprueba la obra, sin que los municipios cuenten con facultades para ello.

Normas citadas

  • DFL 850
  • Ley N° 18.695
  • Código de Aguas
  • Oficio Ord. N° 1526
  • DFL 1
  • DFL 1122
  • Resolución N° 333, de 2000
  • Oficio Ord. N° 945
ContraloríaCGRdictamenaguas

Preguntas frecuentes

¿La Dirección General de Aguas puede encargar a terceros la ejecución de obras fluviales por cuenta del infractor?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que el artículo 172 del Código de Aguas sí faculta a la Dirección General de Aguas para encomendar a terceros estas obras, pero solo dentro del procedimiento establecido, en el que primero debe ser el infractor quien adopte las medidas.

¿Un municipio puede exigir medidas de conservación de obras fluviales a un particular?

En este caso, la Contraloría concluyó que no es procedente que un municipio exija medidas de conservación en obras fluviales, porque esas exigencias deben ser establecidas por la autoridad que aprueba la obra, y los municipios no tienen facultades para ello.

¿Qué autoridad tiene competencia para fijar medidas de conservación en obras fluviales?

En este caso, la Contraloría dictaminó que corresponde a la autoridad que aprueba la obra establecer las exigencias de conservación, de modo que la competencia no recae en los municipios ni en otros organismos que no tengan esa atribución.

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