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La Contraloría General de la República se pronunció sobre las facultades de la Direcció…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2003

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre las facultades de la Dirección General de Aguas (DGA) para sancionar modificaciones no autorizadas en cauces naturales o artificiales. Conforme a los artículos 41, 171 y 172 del Código de Aguas, toda modificación en dichos cauces requiere autorización previa de la DGA. Ante el incumplimiento, la DGA puede apercibir al infractor fijando un plazo para modificar o destruir las obras que entorpezcan el libre escurrimiento o signifiquen peligro para la vida o salud de los habitantes. Si el infractor no cumple, la DGA puede encargar a terceros la ejecución de las obras por cuenta del causante. Se concluye que estas acciones se enmarcan en las facultades de policía y vigilancia de la DGA sobre cauces naturales de uso público (artículo 299, letra c). No procede aplicar la multa del artículo 173 del mismo código, pues la infracción tiene asignada una sanción específica.

Normas citadas

  • Código de Aguas
  • DFL 1122
  • Artículo 173 del Código de Aguas
ContraloríaCGRdictamenaguas

Preguntas frecuentes

¿Requiere autorización previa la modificación de cauces naturales o artificiales en Chile?

Sí. La Contraloría recuerda que, conforme a los artículos 41, 171 y 172 del Código de Aguas, toda modificación de cauces requiere autorización previa de la Dirección General de Aguas (DGA).

¿Qué puede hacer la DGA si se modifica un cauce sin autorización?

En este caso, la Contraloría concluyó que la DGA puede apercibir al infractor fijándole un plazo para modificar o destruir las obras que entorpezcan el escurrimiento o pongan en peligro la vida o salud de los habitantes. Si no cumple, la DGA puede encargar a terceros la ejecución por cuenta del causante.

¿Procede aplicar la multa del artículo 173 del Código de Aguas por modificar un cauce sin autorización?

No. La Contraloría resolvió que no procede aplicar esa multa, porque la infracción tiene asignada una sanción específica, y que las acciones de la DGA se enmarcan en sus facultades de policía y vigilancia del artículo 299, letra c).

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