El Tribunal Constitucional rechazó en todas sus partes un requerimiento de inaplicabili…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó en todas sus partes un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra el artículo 1, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que restringe la aplicación de penas sustitutivas a la privación de libertad. Aunque la mayoría del tribunal desarrolló doctrina sobre la posible inconstitucionalidad de la norma por vulnerar los principios de proporcionalidad, igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo, así como por afectar la reinserción social, en la parte resolutiva se determinó que el requerimiento había perdido su objeto. Lo anterior, debido a que la causa criminal subyacente ya había terminado, por lo que no existía una gestión pendiente en la que pudiera tener efecto la declaración de inaplicabilidad, presupuesto procesal indispensable para declarar admisible el requerimiento. En consecuencia, se rechazó la acción sin condenar en costas a la parte requirente por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.
Normas citadas
artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
artículo 19, inciso primero, numeral 2, de Ley N° 19.537
artículo 19, inciso primero, numeral 3, de Ley N° 19.537
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social
Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable una norma que restringe las penas sustitutivas si la causa criminal ya terminó?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento porque la causa criminal subyacente ya había terminado y no existía gestión pendiente, presupuesto indispensable para declarar admisible la inaplicabilidad, aunque la mayoría desarrolló argumentos de fondo sobre la norma.
¿Se condena en costas a quien presenta un requerimiento de inaplicabilidad que es rechazado por pérdida de objeto?
En este caso, el Tribunal Constitucional no condenó en costas a la parte requirente, porque estimó que tuvo motivo plausible para litigar, pese a rechazar la acción en todas sus partes.
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