Resumen
La Contraloría General de la República dictaminó que una funcionaria no tiene derecho a acceder a los beneficios de retiro de las leyes N° 20.612 y 20.921, ni al bono postlaboral de la ley N° 20.305, por no cumplir con los requisitos legales. Respecto de la ley N° 20.612, la interesada obtuvo pensión de invalidez en 2013, pero cumplió 60 años de edad el 22 de agosto de 2014, fuera del período exigido (entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2014). En cuanto a la ley N° 20.921, la pensión de invalidez fue obtenida en 2013, fuera del período requerido (entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2024). Finalmente, respecto del bono postlaboral de la ley N° 20.305, la funcionaria ingresó a la administración el 16 de septiembre de 1983, sin acreditar desempeño al 1 de mayo de 1981, como exige la norma.