El Consejo para la Transparencia acogió un amparo interpuesto contra la Municipalidad d…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo interpuesto contra la Municipalidad de Peñalolén por la negativa a entregar un listado de deudores municipales morosos. El Consejo estimó que se trata de información de naturaleza pública, que permite el control social sobre el pago de cargas públicas por parte de los contribuyentes y sobre los ingresos del municipio. Desestimó las alegaciones del organismo sobre la afectación de derechos de terceros, citando precedentes de la Corte de Apelaciones de Santiago y de amparos anteriores. En consecuencia, ordenó entregar al reclamante la lista de deudores morosos desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha de la solicitud, incluyendo nombre o razón social y Rol Único Tributario, en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal. Asimismo, se exigió acreditar la entrega ante el Consejo. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de 15 días corridos.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Es pública la lista de deudores morosos de una municipalidad en Chile?
En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que el listado de deudores municipales morosos es información pública, porque permite el control social sobre el pago de cargas públicas y sobre los ingresos del municipio.
¿Puede un municipio negarse a entregar el listado de deudores morosos alegando derechos de terceros?
En este caso, el Consejo desestimó la alegación de afectación de derechos de terceros, citando precedentes de la Corte de Apelaciones de Santiago y amparos anteriores, y ordenó la entrega del listado.
¿Qué plazo y qué recurso existen contra una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?
En este caso, la decisión ordenó entregar la información en cinco días hábiles desde que quede ejecutoriada. Contra ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de 15 días corridos.
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