El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra normas que regulan la disolución de sindicatos. El requirente alegaba vulneración al debido proceso e igualdad ante la ley, argumentando que el procedimiento administrativo ante la Dirección del Trabajo limitaba el acceso a la justicia y la defensa. El Tribunal concluyó que no existía afectación constitucional, pues el legislador estableció un procedimiento laboral ajustado a los convenios internacionales en materia sindical, cumpliendo con estándares de razonabilidad y justicia. Además, se desestimó la pretensión por falta de fundamento plausible y porque la gestión judicial se encontraba concluida, configurando causales de inadmisibilidad. En consecuencia, se acogió la tesis de que la norma cuestionada no infringía la Constitución.
Normas citadas
artículo 297, de Código del Trabajo
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadAcción Penal PúblicaAdministracion PublicaAutoresCandidatos IndependientesCompetencia Y Jurisdiccion Penal
Preguntas frecuentes
¿Es inconstitucional el procedimiento para disolver un sindicato en Chile por limitar el acceso a la justicia?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y concluyó que no había afectación constitucional, pues el legislador estableció un procedimiento laboral ajustado a los convenios internacionales en materia sindical y a estándares de razonabilidad y justicia.
¿Puede el Tribunal Constitucional acoger un requerimiento de inaplicabilidad si la gestión judicial ya terminó?
En este caso, el Tribunal desestimó la pretensión porque la gestión judicial se encontraba concluida, lo que configuró una causal de inadmisibilidad, además de la falta de fundamento plausible.
¿El artículo 297 del Código del Trabajo vulnera el debido proceso y la igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal sostuvo que la norma cuestionada no infringía la Constitución, rechazando la alegación de vulneración al debido proceso e igualdad ante la ley.
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