Resumen del criterio jurisprudencial
La acción de inaplicabilidad requiere que exista una gestión judicial pendiente y que la norma cuestionada sea decisiva para resolver el asunto, configurando un conflicto constitucional que amerite la intervención del Tribunal Constitucional. La expresión "gestión pendiente" implica que el proceso judicial no ha concluido, siendo la acción de inaplicabilidad un medio para evitar la aplicación de normas legales en dicha gestión. El requerimiento debe contener una línea argumental con suficiente motivación y fundamentos sólidos que hagan inteligible la pretensión y la competencia específica del Tribunal. La falta de una explicación circunstanciada y delimitada de la contravención constitucional generada por la aplicación de cada norma cuestionada, limitándose a una impugnación genérica, implica la inadmisibilidad del requerimiento. La gestión judicial se encontraba concluida y el requerimiento adolecía de falta de fundamento plausible, concurriendo ambas causales para declarar la inadmisibilidad del libelo.