El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 196 ter de la Ley N° 18.290, que suspendía por un año la pena sustitutiva y ordenaba el cumplimiento efectivo de la privación de libertad. El Tribunal consideró que la norma vulneraba los principios de proporcionalidad, igualdad ante la ley y debido proceso, al impedir al juez penal ponderar las circunstancias del caso concreto y afectar la independencia judicial. Se estimó que la suspensión no cumplía fines resocializadores y generaba una afectación desproporcionada. La decisión se adoptó con los votos en contra de dos ministros, quienes estimaron que el impedimento de acceso a penas sustitutivas es constitucional, pues no existe un derecho subjetivo a ellas y la política criminal es prerrogativa del legislador.
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley impida al juez penal conceder una pena sustitutiva por un año en casos de conducción en estado de ebriedad con lesiones?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y estimó que la norma vulneraba la proporcionalidad, la igualdad ante la ley y el debido proceso, porque impedía al juez ponderar las circunstancias concretas y afectaba la independencia judicial. Dos ministros disintieron, sosteniendo que no existe un derecho subjetivo a penas sustitutivas.
¿Puede el legislador excluir de forma general el acceso a penas sustitutivas sin afectar la independencia del juez penal?
Según este fallo, una prohibición absoluta que impide al juez valorar las circunstancias del caso concreto resulta desproporcionada y afecta su independencia. Los ministros que disintieron sostuvieron que la política criminal es prerrogativa del legislador y que el impedimento es constitucional.
¿Qué efectos tiene la suspensión de una pena sustitutiva por un año si no cumple fines resocializadores?
En este caso, el Tribunal consideró que la suspensión no cumplía fines resocializadores y generaba una afectación desproporcionada, por lo que acogió la inaplicabilidad del artículo 196 ter de la Ley N° 18.290. La decisión se tomó con dos votos en contra.
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