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La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por la Junta de…

Sentencia · Corte Suprema · 2024

Resumen

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por la Junta de Vigilancia del Río Choapa y sus Afluentes contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que desestimó su reclamación de ilegalidad. La reclamante impugnaba la Resolución D.G.A. Región de Coquimbo N° 002 de 2020, que constituyó un derecho de aprovechamiento no consuntivo sobre aguas del río Chicharra a favor de una sociedad, alegando vulneración del artículo 147 bis del Código de Aguas por no considerar la escasez hídrica y el riesgo para regantes. El máximo tribunal consideró que el recurso carecía de fundamento, pues la recurrente no acreditó la indisponibilidad del recurso ni el perjuicio a terceros, incumpliendo la carga de la prueba del artículo 1698 del Código Civil, por lo que confirmó la legalidad del acto administrativo.

Normas citadas

  • Art. 141 inciso final Código de Aguas
  • Art. 22 Código de Aguas
  • Art. 147 bis inciso tercero Código de Aguas
  • Art. 1698 Código Civil
  • Art. 764 Código de Procedimiento Civil
  • Art. 765 Código de Procedimiento Civil
  • Art. 767 Código de Procedimiento Civil
  • Art. 772 Código de Procedimiento Civil
aguasCorte Suprema

Preguntas frecuentes

¿Qué debe probar quien reclama la ilegalidad de una resolución de la Dirección General de Aguas que constituye derechos de aprovechamiento de aguas?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la reclamante debía acreditar los hechos en que fundaba su impugnación, como la escasez hídrica y el riesgo para regantes alegados contra el artículo 147 bis del Código de Aguas. Al no hacerlo, el recurso fue desestimado.

¿Se puede anular un acto administrativo que constituye derechos de aguas por no considerar la escasez hídrica, si no se prueba el perjuicio a terceros?

En este caso, la Corte Suprema concluyó que no procedía anular la resolución, pues la recurrente no probó el perjuicio a terceros ni la indisponibilidad del recurso. Por eso confirmó la legalidad del acto administrativo impugnado.

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