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La Corte Suprema acogió la reclamación deducida por una Junta de Vigilancia de un río c…

Sentencia · Corte Suprema · 2022

Resumen

La Corte Suprema acogió la reclamación deducida por una Junta de Vigilancia de un río contra la Dirección General de Aguas (DGA), dejando sin efecto las resoluciones que habían rechazado su oposición a la constitución de un derecho de aprovechamiento de aguas solicitado por una empresa. El máximo tribunal concluyó que el acto administrativo impugnado incurrió en ilegalidades, pues no analizó concretamente la disponibilidad del recurso hídrico para satisfacer el caudal solicitado, limitándose a invocar la ausencia de perjuicio a terceros. Además, la memoria explicativa del solicitante no cumplió con el artículo 140 N°7 del Código de Aguas al no especificar la capacidad de aducción, omisión que no puede suplirse por inferencia. En consecuencia, se acogió la oposición y se anularon las resoluciones de la DGA.

Normas citadas

  • Art. 22 Código de Aguas
  • Art. 140 N°6 (actual N°7) Código de Aguas
  • Art. 141 Código de Aguas
  • Art. 137 Código de Aguas
aguasCorte Suprema

Preguntas frecuentes

¿Puede la DGA rechazar la oposición a un derecho de aprovechamiento de aguas solo porque no hay perjuicio a terceros?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que no, porque la DGA debía analizar concretamente si existía disponibilidad del recurso hídrico para satisfacer el caudal solicitado y no bastaba con invocar la ausencia de perjuicio a terceros. Por eso anuló sus resoluciones.

¿Qué pasa si la memoria explicativa de una solicitud de derechos de aguas no indica la capacidad de aducción?

En este caso, la Corte Suprema concluyó que la memoria no cumplió con el artículo 140 N°7 del Código de Aguas al omitir la capacidad de aducción, y que esa falta no puede suplirse por inferencia.

¿Cuándo procede acoger una oposición a la constitución de un derecho de aprovechamiento de aguas?

En este caso, la Corte Suprema acogió la reclamación de la Junta de Vigilancia, dejó sin efecto las resoluciones de la DGA que rechazaban la oposición y las anuló, por las ilegalidades constatadas en el acto impugnado.

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